Los ataques físicos a las organizaciones de la sociedad civil son, desgraciadamente, algo habitual, y suelen tener importantes implicaciones para la seguridad tanto física como de la información. Una táctica habitual de los adversarios para suprimir la actividad de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) es el allanamiento y el cierre de oficinas, tanto para intimidar al personal como, en algunos casos, para robar o confiscar información y equipos tecnológicos. Estas amenazas suelen dirigirse a los grupos de minorías y de derechos humanos y a las OSC que operan en el espacio de la democracia y la gobernabilidad. Por ejemplo, amenazaron con quemar las oficinas de LGBT+ Rights Ghana, una organización civil que a principios de 2021 abrió el primer centro comunitario del país para la comunidad local LGBTQI+, y finalmente la policía las allanó y las cerró. Estos ataques no solo afectan las operaciones físicas de una organización, sino que también pueden dañar la sensación de seguridad del personal.