Los gobiernos utilizan cada vez más su influencia y autoridad sobre los proveedores de servicios de internet y otras infraestructuras locales de internet para impedir que las personas y los grupos de la sociedad civil accedan a la información en internet. En algunos casos, estas interrupciones de internet tienen como objetivo derribar las principales plataformas de comunicación e intercambio de información, incluidas las redes sociales y los sitios de noticias. Por ejemplo, en respuesta a las protestas derivadas de un golpe militar, los militares de Myanmar ordenaron a los operadores de telefonía móvil que cerraran temporalmente toda la red de datos móviles del país. Esto llegó poco después de un bloqueo más selectivo de Facebook, Twitter e Instagram. 

Además de bloquear el acceso a internet y a los sitios web, los gobiernos y otros atacantes de todo el mundo utilizan una tecnología de vigilancia cada vez más accesible para controlar la actividad de los ciudadanos en línea. Por ejemplo, según el informe Freedom on the Net 2020 de Freedom House, el gobierno ugandés se asoció con la empresa tecnológica china Huawei para vigilar a figuras de la oposición y activistas civiles en el período previo y posterior a unas polémicas elecciones presidenciales en el país.

La creciente frecuencia de este tipo de ataques a la libertad de información en línea pone de manifiesto lo esencial que es para los grupos de la sociedad civil comprender los riesgos de operar en internet y desarrollar planes para conectarse cuando la conectividad está restringida.